Con la crisis del Covid-19, la figura mítica del fontanero polaco ha sido sustituida por la del trabajador agrícola español desplazado. Al igual que al primero, se le acusa de ser una pieza del engranaje del dumping social, pero también, y esto es una novedad, un vector de contagio de la actual pandemia de Covid-19. Cuando escuchamos que el cuerpo extranjero amenaza al cuerpo social, cuando el higienismo se vuelve caldo de cultivo de la xenofobia y del patriotismo económico, ya es hora de volver a los hechos.
Es difícil evaluar los cambios provocados por la actual crisis sanitaria. Una cosa es cierta: la pandemia ha dado lugar a un experimento sin precedentes de suspensión de las libertades civiles e implicó la aplicación de medidas excepcionales que van mucho más allá del ámbito estrictamente sanitario y que probablemente seguirán vigentes una vez la crisis pasada. Quizá lo más preocupante es que estas medidas han contado con un abrumador consenso. El miedo es sin duda la piedra angular de las nuevas formas de gobierno de las poblaciones y encuentra en la demonización de la inmigración un terreno fértil para acelerar el cierre de las fronteras y culpar a los indeseables. Pero… ¿Qué hacer cuando son indispensables? A principios de 2020, mientras que toda la población francesa estaba confinada, la introducción de mano de obra continuó, demandada por agricultores que necesitaban brazos y avalada por el gobierno. Nuestra encuesta colectiva arroja luz sobre la persistencia de la función utilitarista y filtradora de la frontera durante la crisis, a partir del caso de la prestación transnacional de servicio en la agricultura intensiva provenzal. Revela, más allá del confinamiento, las condiciones de vida y de trabajo impuestas a las temporeras y temporeros extranjeros en el sureste de Francia.
¿Escasez de mano de obra?
Marzo de 2020: ha llegado el momento del cierre oficial de las fronteras. La agricultura está en peligro, nos dice el Estado, y con ella los franceses, que corren el riesgo de morir hambrientos. La función nutritiva de la agricultura industrial es una cantaleta movilizada desde la posguerra por la organización patronal mayoritaria (FNSEA) para justificar la elección del productivismo y el concomitante deterioro de las condiciones de trabajo en el sector.
“El país está en guerra », dice Emmanuel Macron, “y por eso debemos unirnos al ‘gran ejército’ de la agricultura francesa » para salvar los cultivos. No importa aquí que esta llamada marcial resuene como un eco lejano del servicio cívico rural del gobierno de Vichy. El siglo XXI siendo digital, este « ejército de las sombras » debe ser reclutado a través de la plataforma « Desbraspourtonassiette »[2] proporcionada por la empresa Wizifarm, una especie de bolsa de trabajo online con sabor a economía colaborativa. Como eje de comunicación, el gobierno moviliza la retórica del patriotismo alimentario: « de la fourche à la fourchette »[3] o « nuestros trabajos son sus compras ».
En abril, a pesar de los 300.000 inscritos, el dispositivo ofrece solo 15.000 misiones. ¿Qué lecciones podemos aprender de este fracaso? En primer lugar, el perfil del trabajador local no responde a las expectativas de un empresario agrícola acostumbrado a utilizar obreros marroquíes y tunecinos bajo contratos de temporada “Ofii” o trabajadores prestados. No es de extrañar, ya que la denigración de los locales (« brazos rotos », « poco fiables »…) es un estribillo habitual de la agricultura intensiva. Por otro lado, la mediatización de la plataforma “Desbraspourtonassiette” permite a la profesión dar coherencia y visibilidad a la cuestión de la escasez de mano de obra. Más allá de las palabras, soluciones alternativas se desarrollan sobre el terreno, de acuerdo con la larga tradición de cogestión de los asuntos agrícolas entre el sindicato mayoritario y el Estado (flexibilización del código laboral; movilización de los beneficiarios de las prestaciones sociales mínimas y, en algunos departamentos de los solicitantes de asilo; prórrogas de los contratos de temporada Ofii de 6 a 9 meses y negociaciones para dejar entrar a los temporeros extranjeros – véase el recuadro siguiente).
Medidas de emergencia: entre excepciones y derogaciones
Tras el anuncio, el 16 de marzo de 2020, del cierre total de las fronteras francesas a los países Schengen y a los países terceros, el Gobierno promulgó el 23 de marzo una ley de emergencia (nº 2020-290) para hacer frente a la epidemia. El artículo 16 de esta ley prevé la prórroga para los extranjeros de los permisos de residencia que expiren entre el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2020, en un límite de 180 días. La ordenanza está formalizada el 7 de mayo. Entre otras cosas, prevé ampliar la estancia anual de los contratos Ofii introducidos antes del 16 de marzo a nueve meses cuando estos fueron limitados a seis meses desde la ley Hortefeux de 2006. El mismo día, el Primer Ministro anuncia que se concederán « excepciones adicionales » que permitirán el cruce de la frontera con un país europeo, especialmente por « razones económicas imperiosas, en particular para los trabajadores agrícolas de temporada ». Estas se formalizarán el 20 de mayo mediante una instrucción del Primer Ministro sobre « Los controles en las fronteras y la situación de los temporeros desplazados », que especifica que los temporeros agrícolas comunitarios o los nacionales de terceros países que residan « principalmente » en un país miembro están autorizados a entrar en el territorio francés y trabajar en él siempre que estén en posesión de los documentos necesarios: un certificado de viaje internacional que incluya una declaración jurada de que no presentan síntomas de infección por coronavirus, una « atestación de empleo » rellenada por el agricultor y un documento que acredite el empleo.
La tercera fase comienza finalmente cuando, a principios de junio, tras una campaña de pruebas organizada por la prefectura y la Agencia Regional de Salud, se identificaron varios casos de Covid-19 en el norte de las Bouches-du-Rhône. Los casos positivos resultan ser trabajadores desplazados desde España y puestos a disposición de agricultores provenzales por la empresa de trabajo temporal (ETT) Terra Fecundis (TF). Estos brotes se producen en granjas y campamentos utilizados como lugares de alojamiento y tránsito.
Los casos de Covid-19 revelan la presencia de trabajadores prestados, llegados antes, durante y después del cierre de las fronteras. Sin embargo, lejos de cuestionar la responsabilidad de las empresas de trabajo temporal (ETT) y el desplazamiento como sistema, la aparición de los clusters desacredita a esta población trabajadora precaria, cuya presencia y movilidad transfronteriza aumentarían los riesgos de contaminación del cuerpo social. La figura del trabajador prestado como fuente de dumping social se combina con la del extranjero enfermo vector de contagio. Medidas excepcionales son tomadas por el Estado para controlar la situación. Los resultados de las pruebas conducen a la cuarentena y al encierro durante más de un mes de cientos de temporeros en lugares inseguros, que sean positivos o simplemente considerados como casos contacto. Los resultados nunca se les comunicarán.
La prestación transnacional de servicio: un sistema ya antiguo en Provenza
¿Qué supone la prestación transnacional de servicio? Un empresario establecido fuera de Francia puede desplazar temporalmente a sus empleados al territorio nacional o a cualquier otro país europeo si respeta algunas condiciones: la empresa que presta el servicio debe estar establecida regularmente en el Estado de origen (aquí España) y realizar actividades sustanciales en él. Los trabajadores desplazados deben trabajar habitualmente para la empresa y sus desplazamientos a Francia deben ser temporales. Por lo tanto, no pueden ser contratados únicamente con el fin de trabajar en territorio francés, ni ocupar un puesto de trabajo relacionado con la actividad normal y permanente de la empresa en la que están enviados. Un contrato comercial vincula a la empresa proveedora y a la empresa usuaria. Una vez cumplidas estas condiciones, el empleador del trabajador (es decir la ETT española) debe garantizar, como mínimo, un nivel de remuneración y de protección correspondiente a la « base » del derecho laboral francés[4]. Las cotizaciones sociales se pagan en el país de origen, lo que permite reducir el coste de la mano de obra, ya que el importe de cotizaciones es menor en España que en Francia.
La prestación internacional es una realidad antigua en la agricultura provenzal. De hecho, desde la década 2000, existe en este mercado laboral una yuxtaposición de contratos Ofii y de contratos de misión por parte de ETT españolas. Estas últimas desplazan al sector agrícola, trabajadores residentes en España, procedentes principalmente del Magreb, de América Latina, y más recientemente, de África Occidental.
Pionera en el sector del desplazamiento en Provenza, Terra Fecundis gestiona por sí sola dos tercios del contingente prestado. Comparte el mercado con otras agencias de menor importancia. Este mercado ha crecido desde 2008 bajo el efecto combinado de la crisis económica española y de la obtención por parte de temporeros OFII de un derecho de estancia anual tras la lucha liderada por el Codetras. En 2009, más de un millar de estos trabajadores abandonaron el estatus de temporeros al ganar un derecho de estancia anual[5]. Los desplazados están puestos a disposición de empresas usuarias que forman parte de una cadena logística que une las zonas productivas (campos, estaciones de embalaje) situadas en las Bouches-du-Rhône, Gard y Vaucluse y los canales de distribución locales, nacionales e internacionales.
En 2018, el sector agrícola de las Bouches-du-Rhône contaba con 2.053 contratos Ofii[6] apoyados por 4.219 trabajadores enviados por 33 ETT españolas y una ETT rumana. Los desplazados realizaron 8.194 misiones para 385 clientes[7]. La prestación de servicios crea un nuevo segmento cautivo en el mercado laboral local, ya que los nacionales de terceros países viviendo en España sólo tienen acceso al mercado laboral comunitario a través de las ETT.
Cuarentenas que visibilizan el encierre
La campaña de pruebas de detección del coronavirus iniciada a principios de junio por los servicios estatales se dirige especialmente a los lugares conocidos por su concentración de trabajadores. Se trata de caseríos y campamentos donde TF aloja a sus trabajadores temporales hasta colocarles en las explotaciones agrícolas. En estos lugares, las catorcenas duraron un mes porque, a pesar de las medidas tomadas, TF siguió añadiendo los trabajadores que dieron positivos en las fincas o unos que llegaron de España entre tanto a los que ya estaban confinados. En algunos lugares, a pesar del decreto de cuarentena por parte de los servicios estatales, unos agricultores no quisieron renunciar a sus trabajadores y los hicieron trabajar, pero seguían alojados con los que estaban en cuarentena. En estos espacios confinados hubo protestas contra las condiciones de insalubridad, el encierro y la mala gestión del contagio. Estas protestas fueron transmitidas en los medios de comunicación, pero también y sobre todo en las redes sociales dejando huella en las paredes y hasta en los troncos de los plátanos.
La campaña de pruebas de detección del coronavirus iniciada a principios de junio por los servicios estatales se dirige especialmente a los lugares conocidos por su concentración de trabajadores. Se trata de caseríos y campamentos donde TF aloja a sus trabajadores temporales hasta colocarles en las explotaciones agrícolas. En estos lugares, las catorcenas duraron un mes porque, a pesar de las medidas tomadas, TF siguió añadiendo los trabajadores que dieron positivos en las fincas o unos que llegaron de España entre tanto a los que ya estaban confinados. En algunos lugares, a pesar del decreto de cuarentena por parte de los servicios estatales, unos agricultores no quisieron renunciar a sus trabajadores y los hicieron trabajar, pero seguían alojados con los que estaban en cuarentena. En estos espacios confinados hubo protestas contra las condiciones de insalubridad, el encierro y la mala gestión del contagio. Estas protestas fueron transmitidas en los medios de comunicación, pero también y sobre todo en las redes sociales dejando huella en las paredes y hasta en los troncos de los plátanos.
Obviamente, también provocaron represalias: « Hablé en Youtube. Por eso me echaron », afirma Marisol que denunció ante las cámaras del canal France 2 sus condiciones de vida durante la cuarentena. En tal contexto, las instituciones difícilmente se podían hacer de la vista gorda. Entre mayo y junio, la prefectura de las Bouches-du-Rhône emitió tres órdenes de cierre administrativo de locales sirviendo como alojamiento colectivo de trabajadores prestados. Los informes de la Inspección del trabajo que fundamentaron estas actas señalan que el Mas du Cast y de la Trésorière, no estaban conectados a la red de agua potable y no habían sido declarados como alojamientos colectivos. Más de 100 trabajadores tuvieron que pasar allí un mes en cuarentena. Cultivando más de 1.200 hectáreas, su propietario, Didier Cornille, es un peso pesado de la agricultura local. Al alquilar estos alojamientos a TF, éste se asegura beneficios importantes: más de 23.000 euros mensuales para el Mas du Cast (también llamado Reveny 4, del nombre de una de sus empresas). Otras tres de sus propiedades, cada una de ellas con capacidad para albergar a más de 100 trabajadores, se ponen a disposición exclusiva de la ETT: un grupo de casas nuevas en las afueras de Saint-Étienne-du-Grès (Reveny 2), el Mas de l’Espérance y el Mas de la Trésorière, ya mencionado, que bordean las orillas de un brazo del Rhône entre Saint Gilles y Arles (Reveny 3 y 5). La red territorial así creada se complementa con los campings en los que la agencia aloja a los trabajadores temporales durante todo el año, así como con el alojamiento in situ de los trabajadores en las grandes explotaciones que utilizan mano de obra desplazada. Una de ellas, la explotación arborícola de Racamier, será objeto de la tercera decisión de cierre.
En tiempos normales, el sistema de prestación de mano de obra se basa en una logística de circulación y distribución fluida que escapa a la vista. El eco dado a la resistencia tuvo el efecto de revelar la infraestructura subterránea del ínterin internacional en el país de Arles. Poniendo en el punto de mira los lugares de tránsito, pero también de almacenamiento de la fuerza de trabajo, el Covid-19 y las movilizaciones que ha generado paralizaron el sistema, dificultando la circulación y complicando los desplazamientos. Distribuciones solidarias de verduras permitieron al Codetras entrar en estos lugares e intercambiar con sus habitantes[7]. A lo largo de las conversaciones, vimos perfilarse los contornos y los fundamentos de esta puesta a disposición flexible de trabajadores, y se aclararon los mecanismos de un nuevo régimen de cautiverio, diferente del que se aplica a los temporeros magrebíes en el marco de los contratos Ofii, aunque sea complementario de éste.
« Le dan a uno tantas vueltas »: un ejército de reserva desechable
Si, en el sistema Ofii, el contrato de temporada establece una relación estrecha de dependencia entre el trabajador y su empleador, el trabajo prestado se basa en un vínculo mucho más tenue y resulta en una desechabilidad de los trabajadores. Al menor problema, se encuentran despedidos y colocados en uno de los lugares de tránsito mencionados arriba, a la espera de una nueva asignación o de ser retornados a España. Para entenderlo, veamos el funcionamiento concreto de la prestación operada por TF. Tras su contratación en Murcia, donde la ETT tiene su sede, o en la sucursal de Almería, los reclutas son trasladados a Francia en los autobuses de la agencia, que luego regresarán cargados de los « improductivos », los « conflictivos » y los enfermos. Este cruce tiene lugar físicamente en los Mas o campamentos nombrados anteriormente que conforman bases de tránsito y almacenamiento, donde los desplazados están supervisados por un responsable de la vivienda (encargado), y también por los jefes de zona (corredores), que se encargan de llevarlos a las explotaciones y de ser una correa de transmisión entre las empresas utilizadoras y la ETT. Estos corredores desempeñan un papel fundamental para asegurar la flexibilidad de la prestación. En el transcurso de una conversación, Warren, corredor ecuatoriano describe su función, mientras observa con el rabillo del ojo la distribución de verduras organizada en Reveny 3. Desde hace un año se pasa la vida en una furgoneta blanca, este antiguo obrero ha engordado mucho. Su trabajo consiste en trasladar a los trabajadores entre fincas, pero también en gestionar todos los problemas que surgen con los agricultores. Explica que separa los grupos conflictivos y los divide en diferentes granjas. Si son demasiado disruptivos, acaban en los alojamientos de tránsito. Con una sonrisa y bajando la voz, dice que « eso es exactamente lo que ha sido complicado este año ». Con el coronavirus, hubo más candidatos de otros sectores en crisis, como el turismo. Trabajadores eventuales que « no están acostumbrados al trabajo agrícola y son más problemáticos ». En este sistema, explica Warren, « el problema son siempre los nuevos”. En el Mas de la Trésorière – Reveny 5 – el más rebelde y, por lo tanto, más mediatizado, es precisamente donde esos indisciplinados en espera de ser retornados fueron retenidos… y reunidos por la cuarentena.
« Hay casas llenas de gente que no trabaja. Es como un equipo de fútbol, siempre hay un sustituto ». Esta metáfora de Idriss resume perfectamente lo que ocurre aquí. Esta complementado por otra fórmula de Grazzia: « Echan conforme van trayendo ». Trabaja en Racamier, el mayor arboricultor de la Crau. A la salida de la estación de embalaje este sábado por la tarde, diez mujeres fueron despedidas por « bajo rendimiento ». Se les dio media hora para salir de sus casas y dejar su sitio a trabajadoras recién llegadas de España. Estas sustitutas, depositadas por bus la misma mañana, llevaban esperando desde las 5 de la mañana que se les asignara por fin una cama. Por la noche, una furgoneta llevó a las despedidas al Mas de l’Espérance – Reveny 3, en el que tendrían que esperar un cambio de empresa o la vuelta a España. Este ejemplo ilustra como la logística establecida por TF permite crear localmente una reserva de mano de obra disponible, pero no necesariamente empleada. La existencia de esta « relativa superpoblación flotante »[8] permite imponer a los desplazados altos niveles de flexibilidad y disponibilidad. Es significativo que los trabajadores temporales no tengan un registro escrito de su contrato de trabajo, que firman digitalmente en una tableta.
El fragmento de la trayectoria de Yvana, una de las despedidas mencionada arriba, ilustra esta flexi-inseguridad, que se acentuó con la crisis sanitaria. Llegada a finales de abril, esta temporera boliviana cosechó cerezas en Saint-Gilles durante una semana. Luego fue colocada en tránsito en el mas de la Trésorière (Reveny 5), antes de ser destinada durante tres semanas a una estación de embalaje de cerezas. Positiva al Covid tras una prueba en la estación, pasó el periodo de cuarentena aislada en el mas de l’Espérance (Reveny 3) y luego en un Ehpad en desuso en Miramas convertido en centro de acogida durante la secuencia de los clusters. Una vez la cuarentena acabada, tuvo que esperar en el camping del Pilon d’Agel antes de ser colocada en una nueva granja. Finalmente le ofrecieron una misión en otro centro de empaquetado, esta vez de melocotones en la empresa Racamier. Como no había ganado nada y no tenía dinero para comprar alimentos, un sindicalista le llevó provisiones. Fue denunciada por sus colegas por dejar entrar a un hombre en la caravana en que el empresario la alojaba. Esta denuncia implicó su despido y la vuelta a Reveny 3. Cuando la visitamos, todavía no se había resignado a volver a España como le urge la agencia de trabajo temporal, y se pasa el tiempo al teléfono intentando desesperadamente conseguir un cambio de empresa por parte de intermediarios escurridizos.
Colocados en estos alojamientos aislados, suspendidos en el tránsito, la mayoría de las veces los trabajadores acaban aceptando el retorno impuesto por la ETT. Abandonados a merced de los corredores que los ignoran o los llevan durante días o incluso semanas en barco, se cansan de esta espera sin perspectiva en zonas rurales hostiles y aisladas. En este contexto, quizás lo más absurdo es que te digan en plena temporada que no hay empleo, cuando todos los compañeros están trabajando y que siguen subiendo más gente desde España para reemplazarte.
Un sistema de control y sanción de la movilidad
La « revocabilidad » mencionada anteriormente va acompañada del control de la fuga de trabajadores que la agencia quiere conservar. Al llegar a Racamier el día del citado despido colectivo, Irma decidió volver a España lo antes posible. Su negativa a sustituir a las trabajadoras despedidas, así como las indecentes condiciones de alojamiento, provocaron en ella un reflejo de fuga. A continuación, un mensaje de voz enviado por el coordinador de Terra Fecundis en Murcia le recuerda que no puede salir de la finca, ya que debe a la empresa 240 euros: 170 por el viaje en autobús y 70 por el examen del Covid-19 superado antes de la salida. Una cláusula de su contrato prevé una multa en caso de terminación de la misión antes de 3 meses. El objetivo es compensar a la empresa por los « costes asociados con una nueva transferencia ». Para saldar su deuda, la agencia le ofrece trabajar una semana gratuitamente. La cereza del pastel: el mensaje trata de disuadirla de volver por su cuenta, alegando el riesgo que la cuarentenen de nuevo en la frontera.
El caso de Irma no es un caso aislado. Muchos trabajadores señalaron que querían marcharse en los primeros días, cambiar de empleador y/o dejar las viviendas indignas que descubrían al estar colocados en una empresa. Se activa entonces el vals de los corredores, que vienen a explicar que la vivienda está vinculada al contrato y que, por lo tanto, el cambio es imposible. Les recuerdan la multa y les amenazan con devolverles a España. Hay que señalar aquí que otro elemento limita el margen de maniobra de estos trabajadores: su salario sólo se paga al cabo de mes y medio. Sin dinero y supuestamente endeudados del coste del viaje de subida, los trabajadores desplazados se ven así obligados a permanecer en el lugar. En Provenza, la prestación transnacional de servicio se basa en una doble lógica: stock y flujo. El objetivo es « instalar » un número máximo de trabajadores desvinculados para hacer más fluido el mercado laboral agrícola local y traer de vuelta a España a los empleados menos productivos, los más exigentes, los enfermos y los accidentados. Las vueltas sirven como ejemplo para disciplinar a los que se quedan en Francia. Para orquestar este ballet permanente, las agencias cuentan con una flota de transporte internacional (autobuses) y local (furgonetas) y una infraestructura de alojamiento diversificada. El agarrotamiento de esta lógica de flujos durante la crisis de Covid-19 planteó problemas sanitarios a la agencia TF, poniendo de manifiesto la noria de los viajes, la indignidad de los alojamientos y la co-responsabilidad de los propietarios de esos lugares, que a menudo son ellos mismos usuarios de esta mano de obra. La lógica del stock, por su parte, pretende fijar los trabajadores desplazados que llegan desde España al mercado laboral local, en particular ofreciendo trabajo continuo a los trabajadores leales a los corredores.
La reserva de mano de obra así creada y disciplinada permite a la ETT reducir los costes de transporte internacional y responder justo a tiempo a las demandas de las empresas usuarias proporcionándoles trabajadores que ya tienen experiencia laboral en Francia. Sin embargo, esta lógica de almacenamiento en sitio lleva a las ETT y a los operadores a alejarse cada vez más del marco legal del ínterin internacional. La situación de relativa ilegalidad así generada da lugar a un acuerdo tácito entre los Estados (español y francés), las ETT, las empresas usuarias y los trabajadores. Desde este punto de vista, la cuestión del derecho de residencia de los trabajadores desplazados extracomunitarios es muy esclarecedora: al estar supuestamente introducidos por un periodo inferior a 3 meses, no están obligados de solicitar un permiso de residencia francés. Sin embargo, cuando se quedan más de tres meses, las ETT hacen recaer sobre los trabajadores temporales la obligación de salir del país y volver a entrar para mantenerse en regla, así como el coste que esto genera. El riesgo ligado a la ilegalidad que se deriva de la creación de esta figura del « desplazado permanente » tiende a ser externalizado y asumido financiera y jurídicamente por el trabajador.
Del campamento al campo: del encierro al exceso de trabajo
La disciplina se ejerce también a través el control del alojamiento, tanto en las granjas como en los lugares de tránsito. Limitar la movilidad de los trabajadores permite evitar los encuentros entre los desplazados y la población exterior. El control esta facilitado por la ausencia de una frontera clara entre el trabajo y lo no laboral.
En el expediente que se entrega a cada desplazado en el momento de su salida, el reglamento interno de la agencia TF específica « que ningún trabajador se desplazará en su propio vehículo sin autorización expresa de la empresa »; « que se prohíbe el acceso de personal ajeno en los alojamientos »; que su asignación la realiza TF; y que « ningún trabajador podrá quedarse fuera », de dichos alojamientos.
En el camping tres estrellas de Noves, la mayoría de los veraneantes no saben que detrás de la extraña valla de tres metros que parece marcar los límites del lugar, trabajadores de Terra Fecundis están alojados en 22 bungalows. El apéndice del reglamento expuesto en el mostrador de recepción recuerda lo siguiente: « Sólo el sector 1 [alojamiento recreativo] puede entrar y salir de día y de noche sin restricciones. » La propietaria nos niega el acceso a la zona de los trabajadores, argumentando que « el empresario no quiere que reciban visitas del exterior.” Al vernos sorprendidas, completa: “Después de todo, son las leyes del camping… Para ser tratados como campistas, tendrían que pagar la tarifa de los campistas”.
Además de estas reglas explícitas, existen reglas tácitas. En el Mas de la Trésorière (Reveny 5), Yoro explica que « las furgonetas no salen los domingos. No se nos permite salir a la ciudad. Sólo los sábados”. Reforzado por las cuarentenas, este arresto domiciliario mantiene a los trabajadores temporales en lugares inhóspitos, cuyo carácter insalubre ha sido reconocido por la prefectura.
Alojada una noche en el alojamiento colectivo provisto por la empresa Racamier, Irma relata que « la cocina estaba muy sucia y llena de moscas y mosquitos; había cloacas alrededor de las caravanas porque las tuberías estaban rotas y las aguas negras salían directamente al exterior; los baños olían tan mal que no se podía permanecer dentro ». Para las habitaciones, afirma que « había menos de 20 centímetros entre cada cama… ni llaves, ni cortina. Y mi colchón estaba lleno de manchas de sangre, orina… y de mierda ».
EARL Racamier, Photo Codetras
En el verano de 2020, la cuestión de las condiciones de trabajo fue poco considerada por el tratamiento institucional y mediático del desplazamiento, principalmente evocado a través de la problemática sanitaria. Cuestionado por periódicos locales, agricultores admitieron sin embargo “trabajar con Terras”, ya que serían los únicos que trabajan[9]. ¿Qué significa trabajar en la llanura de la Crau? Los trabajadores cuentan que se ven obligados a empezar 15 a 20 minutos antes de la hora sin cobrar ya que los desplazamientos están organizados por la agencia. Informan de que el desplazamiento entre parcelas no se cuenta como tiempo de trabajo.
En varias granjas, aunque trabajan en pleno sol, los trabajadores tienen que llevar su agua: « Todos los días me llevó 4 litros. » En algunos casos, no se les permite beber hasta que terminen su línea. También señalan que ellos mismos se preparan la comida, mientras que en el marco de la prestación transnacional de servicio debería proporcionarla el empresario.
Pero es la intensidad del trabajo y la acumulación de horas lo que parece más difícil de soportar. En la granja de melones donde aterrizaron, Gabriel y Abdoulaye han tenido que trabajar días de 11 horas y 30, semanas de 68 horas y más de 10 días sin descanso: mucho más de lo que permite la legislación laboral. Un examen de sus nóminas muestra una pérdida de ingresos de 1.000 euros para cada uno por un mes y medio de trabajo, debido a que no se pagaron como tal las numerosas horas extraordinarias trabajadas. Betty, que trabaja como empaquetadora de melocotones, también tuvo que trabajar 11 horas al día. A estas largas jornadas se suman los abusos de la cúpula: « La jefa es mala. Nos da patadas. Racamier, nosotras lo llamamos Racamierda. » Mariela también destaca la brutalidad del mando, que forma parte de la organización del trabajo excesivo, y añade que las supervisoras rumanas se pasan el tiempo gritando y amenazando: « Te vas a casa”. Por último, el caso de David ilustra que el despido también puede utilizarse para romper las prácticas de frenado colectivo. Este trabajador subsahariano fue puesto en espera en el Mas de l’Espérance por intentar ralentizar el ritmo de aclareo en una finca arborícola: « Hay un tipo que me grabó mientras decía que hay que ir más despacio en el trabajo. He dicho que hay que demorar un poco, para que se acabe demasiado rápidamente el trabajo. Envió esto al jefe.»
Al centrarse en la frontera franco-española y en la prestación de servicio en la agricultura provenzal, la investigación colectiva dejó claro que la anunciada escasez de mano de obra no tuvo lugar. La evasión « clandestina » del control fronterizo[2] y la introducción de un sistema de derogaciones para dejar entrar los temporeros permitieron a las ETT y al Estado garantizar la continuidad del suministro de mano de obra extranjera, manteniendo la apariencia de respeto de los derechos de los trabajadores y del control sanitario. En este sentido, la crisis de Covid-19 ha puesto de manifiesto la relación contradictoria entre el discurso de seguridad del Estado y las prácticas concretas de gestión de la movilidad laboral. La frontera funciona a menudo menos como un verdadero muro que como un filtro neoliberal que permite, por un lado, adaptar las movilidades a las necesidades y temporalidades productivas y, por el otro, precarizar la existencia de los migrantes para someterlos a condiciones de trabajo indignas.
Mientras que en la época del cierre oficial de las fronteras los productores alababan en la prensa las cualidades excepcionales de « sus » trabajadores agrícolas extranjeros, éstos han visto en general cómo se deterioraban sus condiciones de vida y de trabajo. Las medidas de salud pública adoptadas, destinadas principalmente a evitar el contacto con la población local, no han conseguido protegerles de la transmisión viral durante los viajes, el trabajo o en los alojamientos colectivos. Peor, las cuarentenas, que agruparon a los enfermos y a los casos contacto en las zonas de tránsito, han puesto en peligro a las personas por la sobreexposición al Covid-19. Los desplazados fueron sometidos a un trato discriminatorio y a medidas de exclusión que agravaron el largo confinamiento impuesto desde décadas por el Estado y los empresarios a los trabajadores extranjeros.
¿Qué hace la justicia?
En 2020, varias denuncias llevaron a condenar a empresas de trabajo temporal y sus clientes.
La ETT Safor Temporis empleó a 2199 personas entre 2011 y 2016, prestadas en 18 explotaciones situadas en la región PACA, pero también en Ródano, Gironda y Altos Pirineos. En una sentencia fechada el 8 de abril de 2020, el tribunal penal de Aviñón impuso a la empresa española una multa de 75.000 euros y la condenó a pagar 6,3 millones de euros a la Mutualidad Social Agrícola, la Seguridad Social de los trabajadores del campo. Corresponde al importe estimado de las cotizaciones que deberían haber pagado en Francia, ya que no cumplían con las condiciones de desplazamiento. Su director fue condenado a 18 meses de prisión de ejecución condicional.
El 22 de septiembre de 2020, el tribunal laboral de Arles condenó a la empresa de trabajo temporal Laboral Terra 2010 por incumplir sus obligaciones legales y contractuales en materia de salario mínimo, pago de horas extraordinarias, vacaciones pagadas, así como por retenciones fraudulentas sobre salarios, privación de revisiones médicas antes de la contratación y despido de una mujer embarazada. La sentencia también reconoce la responsabilidad solidaria de las ocho empresas usuarias francesas, que pagarán las cantidades pendientes a los cinco trabajadores desplazados y a los organismos de la Seguridad Social, ya que la empresa española fue declarada en quiebra a principios de 2020. Sin embargo, se teme que una aplicación defectuosa de la legislación sobre el fraude en el desplazamiento, el trabajo no declarado y el préstamo ilegal de mano de obra pueda socavar las garantías legales y las compensaciones monetarias ofrecidas a los trabajadores desplazados.
El 17 de mayo de 2021 tendrá lugar en Marsella el juicio a la empresa Terra Fecundis, que desplazó en Francia a trabajadores en 535 explotaciones agrícolas y 35 departamentos y está acusada de « trabajo ilegal » y « empleo de extranjeros sin título ». Entre 2016 y 2019, esta empresa española envió más de 10.000 trabajadores agrícolas a Francia, por un volumen de negocio anual alcanzando 50 a 70 millones de euros, de los cuales entre el 70 y el 80% se generaron en el territorio nacional, según la Dirección Occitana. En el periodo de 2012 a 2015, 112 millones de euros habrían escapado a la seguridad social. Otra demanda, en relación con TF, apunta a la EARL Les Sources por homicidio en la persona de Elio Maldonado Granda, que murió de deshidratación mientras recogía melones*. Diez años después de los hechos, el caso está en apelación ante el tribunal de Tarascón.
* Más recientemente en España, Eleazar Blandón murió el 1 de agosto 2020 de un golpe de calor, abandonado en un centro de salud de Murcia, tras jornadas de 11 horas a más de 40 grados, sin agua.
[1] Además de los autores, también participaron en el trabajo de investigación P. Chappart, J. Y. Constantin, C. Devret, L. Donnaiola, S. Lana, E. Madrid Rojas, T. Mainguy-Hermelin, A. Poisson, H. Servel, Peter, Matthieu, Louisa, Clément, Tita. Salvo que se indique lo contrario, los extractos utilizados en este artículo son el resultado de los intercambios entre los miembros del Codetras y las personas reunidas en el Mas du Cast, de l’Espérance, de la Trésorière, en el camping del Pilon d’Agel y en los alojamientos de unos de los mayores arboricultores del departamento, entre el 16 de junio y el 31 de julio de 2020. Las entrevistas y conversaciones tuvieron lugar en estos lugares o en los cafés de los pueblos vecinos. Los nombres han sido cambiados.
[2] Véase el informe senatorial « El futuro del sector agrícola de aquí a 2050 » y el sitio: desbras- pourtonassiette.wizi.farm = brazosparatuplato.
[3] De la horquilla al tenedor
[4] Encuesta, «desplazados como ganado», L’arlésienne, Novembre 2020, Éric Besatti.
[5] Entre mediados de marzo y principios de mayo, los autobuses y camiones de TF evitan Le Perthus, el punto de entrada que suele utilizar la agencia para prestar trabajadores al sureste de Francia, y cruzan la frontera por el País Vasco.
[6] Para Marx, trabajadores temporalmente sin trabajo.
[7] Artículo L. 1262-4 del Código del Trabajo.
[8] Véase « Saisonniers agricoles : premières victoires » en Plein droit n° 82, 2009 [en línea] y el nº 78 de Plein droit « Saisonniers en servage », 2008 [en línea].
[9] Base de datos proporcionada por el Servicio de estudios, informes y estadísticas de la Ofii, 2019.
[10] Datos facilitados por la dirección regional de empresas, competencia, consumo, trabajo y empleo, 1 de agosto de 2019
Fuente : Plein Droit, n°127, diciembre 2020, revista del Gisti (Grupo de información y de ayuda a l.x.s inmigrantes). Numero temático: COVID en todas partes, justicia en ninguna. Autores: Lucio Castracani, Frédéric Décosse, Emmanuelle Hellio, Béatrice Mésini et Juana Moreno Nieto, COlectivo de DEfensa de los TRabajadores AgrícolaS (Codetras)
Para conocer más sobre los derechos aplicables en caso de prestación transnacional de servicio :